En virtud del Artículo 3ro constitucional y en relación con el Acuerdo 592 para la “Articulación de la educación básica” en México, se hace evidente la necesidad de una alineación formal, planeada y consensada de los perfiles de egreso de los diferentes niveles educativos (incluyendo aquellos no obligatorios como el nivel superior) de modo que se garanticen las características de la educación asentadas en nuestra Carta Magna: la laicidad, la incorporación del progreso científico, el combate a la esclavitud, la contextualización y el enfoque nacional, la convivencia, la inclusión, el respeto así como la calidad educativa.
Desde una perspectiva rigurosa, se advierte de forma inmediata una dislocación entre los perfiles egreso de la educación básica (obligatoria) con los de educación superior (y media superior en el caso de los preceptos legales y normativos vigentes, antes mencionados).
En este sentido y a pesar de que el sistema educativo nacional se encuentra inmerso en todos los niveles en el proceso de gestión, evaluación y cambio con base en la última reforma educativa (entre otras cosas homologando en un sentido general la educación, basándola en competencias para mejorar los logros y elevar la calidad educativa), no se encontró a la fecha ningun documento regulatorio garante de las características de la educación mencionadas anteriormente y previstas en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para el nivel de educación superior (y media superior en su caso), lo cual abre una brecha de incertidumbre e introduce variabilidad para la instrumentación de procesos, políticas, contenidos (que no currícula en el caso de la educación media superior) y plantea serias dudas en aspectos fundamentales y muy delicados como lo es el caso de la formación profesional y la inclusión (abarcando la equidad de género, así como la no discriminación de grupos étnicos, sociales, y de personas con necesidades educativas especiales.
Asimismo, esta falta de alineación de los perfiles genera importantes y urgentes cuestionamientos pedagógicos (y en su caso andragógicos) cuyo impacto se percibe mayormente en los procesos áulicos, entre los cuales podemos mencionar la el cómo atender a la vasta diversidad (entendida como heterogeneidad) de los discentes y los grupos, cuál es el papel y la idoneidad del docente de tiempo completo comparado con el profesor de asignatura, cómo determinar la calidad, vigencia y pertinencia de los programas educativos (como por ejemplo, local, regional, nacional y global), cuál debe ser el involucramiento de la sociedad y principalmente la familia, y cómo influye la orientación institucional y social en el grado de afectación (positiva y negativa) de las TICs en las escuelas, entre otros.
Del mismo modo (y en un sentido estricto) se puede argumentar que la educación superior de manera general enfatiza y privilegia de forma inherente el conocimiento específico disciplinario de una forma procesal y técnica, dejando en muchos casos la formación “social y humana” (en la generalidad) supeditada a la filosofía institucional o a las costumbres sociales.
Por lo anterior y tomando en cuenta la tendencia actual hacia la profesionalización del docente (de cara a una nueva reforma educativa), se vislumbra una coyuntura que puede ser aprovechada como área de oportunidad para promover esta necesaria alineación entre los perfiles básicos y de la educación superior, en aras de no solo cumplir con los preceptos constitucionales en todos los niveles educativos, sino también para mejorar los logros y la calidad.
Finalmente, y en consecuencia de lo mencionado, también se abren interesantes oportunidades para la investigación y mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje, permitiendo una mayor comprensión y un mejor seguimiento del complejo y dinámico contexto tanto de cada nivel educativo como de los resultados generales y específicos, que a su vez nos permitirán evaluar las decisiones y políticas implementadas por las autoridades en búsqueda del perfeccionamiento de la educación Mexicana.